CLAROSCUROS
José Luis Ortega Vidal
(1)
Si los
petroleros creen que la sociedad de Minatitlán olvidará los abusos, el fraude y
el cobro injusto de un contrato mal aceptado y correctamente desecho entre su
Ayuntamiento y la empresa Cibernética: están equivocados.
Si la clase
política veracruzana piensa que la misma historia de corrupción reproducida por
los hermanos Ricardo y Julio Aldana Prieto en el municipio de Ixhuatlán del
Sureste es un asunto “mediático” que pronto perderá “importancia”, está
equivocada.
(2)
Mañana,
primero de septiembre, Ricardo Aldana Prieto entrará en funciones como diputado
federal al igual que la LXII Legislatura en el Congreso de la Unión.
El
coordinador de la bancada de diputados federales priistas de Veracruz, inicia
un periodo de tres años de continuidad en su exitosa carrera dentro del poder.
Su éxito
–generado en el contexto de los abusos históricos del STPRM- no alcanzará esta
vez a cubrir con el manto de la impunidad acciones como las de Cibernética, la
empresa de su hermano.
Dicho
organismo privado utilizó en su labor a los empleados municipales de limpia
pública de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste, echó mano de los camiones de
basura propiedad de los ayuntamientos, cobró por el servicio a la ciudadanía, tiró
los desechos en espacios contaminados y contaminantes, que de por sí eran
destino de la basura mal manejada.
Y encima de
todo esto, Cibernética de Julio Aldana Prieto se dice violada en sus derechos por
la anulación de un contrato leonino, con el cual fueron ellos quienes violaron
las arcas públicas de Minatitlán e Ixhuatlán del Sureste.
Todo, bajo el
amparo del poder político que emana del Sindicato Petrolero y sus tentáculos.
(3)
Cada peso que
pagan las tesorerías de Minatitlán e Ixhuatlán a la empresa Cibernética,
representa un insulto a la sociedad de estos lugares.
Cada centavo
público canalizado a esta “deuda” –así sea avalada por jueces- es con cargo a
la impunidad de la que forma parte el coordinador de la bancada
veracruzana del PRI en San Lázaro.
(4)
La mejor
forma en que la ciudadanía de los municipios afectados puede defender su
derecho a exigir cuentas y respeto por el manejo de sus recursos en las
tesorerías municipales, es promoviendo un amparo al respecto y aguardando el
momento del voto.
A un amparo
federal contra las acciones de Cibernética que perjudican al erario público, se
puede sumar una denuncia ciudadana ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo con sede en la avenida Bellavista de Coatzacoalcos y con
cobertura jurídica en todo el Sur de Veracruz, desde Alvarado hasta Las Choapas.
Luego,
vendrán las elecciones locales en el 2013.
No creerle a
políticos que ofrezcan el oro y el moro y que detrás de ellos tengan acciones
nefastas como esta triangulación de dinero público a través de contratos
fraudulentos, surgidos de posiciones de poder como las que representa el
sindicato petrolero, sería un buen castigo.
Negarles el
voto, sería la consecuencia concreta de ese castigo.
(5)
No estamos
ante un asunto de partidos políticos o de ideologías.
Se trata de
un tema de robo descarado y de impunidad.
